Según la Fundación Apertura, las provincias de la Región Centro subsidian la actividad extractiva de las provincias mineras. Y plantea un escenario que, de no debatir salidas superadoras, seguirá castigando duramente a Santa Fe.

Esteban Hernández es Contador Público Nacional, industrial y productor ganadero. Actualmente preside la Fundación Apertura, una entidad con 25 años de trayectoria que trabaja para medir los destinos del gasto público en Argentina. “Somos un grupo de personas que nos juntamos para analizar la realidad apuntando a datos cuantificables, para contribuir con información a la discusión política”, afirma. Lo hacen a través del seguimiento presupuestario a nivel municipal, provincial y nacional, a sabiendas que “la transparencia y a el acceso a la información son algo fundamental”.

Respecto del tema energético, recuerda que surgió “cuando empezamos a analizar la distribución del gasto público nacional por provincia, y ahí nos encontramos con estos subsidios cruzados, uno de los cuales es el subsidio a la energía: una parte va a las empresas y otra a las provincias productoras de hidrocarburos. Es el caso más llamativo de fondos específicos que se distribuyen a provincias”.

Hernández afirma que los legisladores “no conocen este tema” y no ven que nuestras provincias “ponen plata de retenciones y no reciben nada”. Es más, explica que cualquier cambio en el precio de cualquiera de las etapas del procesamiento de petróleo “afecta a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y también al costo de la actividad económica hacia dentro de cada una de las empresas industriales, comerciales, de servicios y agropecuarias” que se desarrollan en nuestro interior.

¿Porqué no baja el combustible?

Todos nos preguntamos porqué cuando baja el precio del petróleo en el mundo, en Argentina no baja el precio de la nafta ni del gasoil. Para Hernández, esto tiene algunas explicaciones. El precio del combustible tiene casi un 50% de impuestos nacionales y un 5,50% de impuestos provinciales y municipales. Además, en el precio del combustible se incluye una parte que va a las arcas de las provincias petroleras que cobran regalías, porque en la reforma de la Constitución de 1994, la regalías mineras se provincializaron.

“Así, para la provincia de Neuquén casi el 50% de sus ingresos se generan en regalías mineras, mientras que para la provincia de Santa Cruz alcanza casi el 25% de los ingresos previstos”. Fruto de la reforma de la Constitución, todas las provincias que no tenemos actividad minera dejamos de percibir coparticipación federal de regalías, que antes de la reforma se coparticipaban.

El Estado Nacional también subsidia el consumo de gas y petróleo. Según la Fundación, en el año 2019 se aplicaron casi U$ S 4.000 millones a tal fin. Además -como si esto fuera poco- con fondos federales subsidiamos a las empresas petroleras. De hecho, el año pasado el Estado Nacional pagó unos U$ S 1.000 millones de subsidio a las empresas de gas y petróleo.

¿Todos ponen?

Según el seguimiento realizado por la Fundación, en el mismo período el Estado Nacional recaudó -sólo en concepto de retenciones agropecuarias- unos U$ S 6.700 millones. De esta manera, el interior agropecuario transfirió vía Estado Nacional en forma implícita al sector petrolero y a las provincias petroleras, el equivalente al  30% de las retenciones agropecuarias.

“Es llamativo subsidiar a un sector privado que tiene sólo 10 empresas como beneficiarias, que generan poco empleo directo e indirecto y que además sostienen las finanzas de provincias que están entre las de menor pobreza e indigencia de nuestro país”, se pregunta.

Al contrario, las 3 provincias de la Región Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe), que  aportan casi el 70% de las retenciones agropecuarias, tienen el segundo mayor aglomerado de pobreza y desempleo (después de AMBA). “Pero pese a estos datos reales, nuestros representantes siguen interactuando a nivel nacional como si no tuviéramos pobreza”.

Propuestas 

Para Hernández, con U$ S 1.800 millones se podría subsidiar los aportes patronales y seguro de trabajo de un millón de empleos en todo el país, incluidas las provincias petroleras. Pero hoy con ese monto “sólo sostenemos unos 20.000 empleos directos e indirectos”.

El subsidio al petróleo (Barril Criollo), va a mantener más alto que en el mundo el precio del combustible, en momentos en que todas las empresas necesitan bajar costos para poder exportar. “Es llamativo que se decidan subsidios a este sector concentrado, cuando esto repercute en la vida cotidiana de cada uno de los argentinos, porque un precio alto del combustible aumenta los costos de logística, lo que aumenta los precios de los productos que pagamos en el interior, todos los habitantes”.

Por otro lado, también destaca que es llamativo que se subsidie un sector que en todo el mundo está duramente criticado por la demanda de prácticas ambientales menos invasivas hacia el medio ambiente. “En los últimos 10 años, desde el Estado Nacional transferimos al consumo las provincias y las empresas U$ S 110.000 millones”.

Según Hernández, con ese dinero se podrían haber instalado molinos eólicos (40.000MW) para producir electricidad de casi nulo impacto ambiental por el equivalente a nuestro consumo anual de electricidad.

Además, en nuestra provincia (en la que producimos biodiésel, mucho más amigable con el medio ambiente) “nuestros representantes no muestran ninguna preocupación por este sector al que las petroleras no compran lo que les obliga la ley. Tampoco dejan que nuestras pymes puedan abastecerse de biodiésel al 100% para logística y labores”.

Finalmente, le solicita al gobernador, los diputados y senadores por Santa Fe, además de los referentes de la oposición: “necesitamos revisar en forma urgente la política energética nacional. La actual ha fracasado, es muy costosa y muy perjudicial para nuestra provincia. Necesitamos una estrategia conjunta ante el Estado Nacional”.

FUENTE: Campolitoral

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