Tras el escándalo de sobreprecios en la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el gobierno nacional dejó sin efecto dos contratos de provisión de leche en polvo que perjudica a las firmas santafesinas Milkaut y Vidalac, las cuales se aprestaban a entregar (entre ambas) aproximadamente 510 toneladas por más de $ 230 millones.

Ambas operaciones habían sido aprobadas el pasado 27 de marzo mediante resolución 145/2020 de la cartera social con una particularidad: sólo cubren un tercio de las 1.700 toneladas licitadas “como alimento imprescindible para la población más vulnerable”. La idea era obtener un volumen suficiente para abastecer a 11 millones de personas durante la cuarentena. Pero sólo se presentaron tres empresas, de las cuales aprobaron únicamente las santafesinas y se rechazó una propuesta de la cooperativa cordobesa Manfrey.

El sábado 11 de abril, el titular de Vidalac, Darío Benítez declaró al diario La Nación que era inconducente la interrupción del contrato, por cuanto se hizo cumpliendo todas las normativas y requisitos. “¿Cómo van a suspender la licitación? Yo no le pagué coimas a nadie, hice todo legal. La próxima me voy a vender leche puerta a puerta antes de venderle al Estado”, protestó. También advirtió que sin esa mercadería el gobierno tendría “un blanco de 30 días sin leche para repartir”.

La decisión de la cartera de Arroyo de suspender los contratos de leche en polvo se produjo tras el escándalo que se suscitó a principios de abril, cuando una investigación periodística reveló que ese área de gobierno había pagado precios hasta 50% superiores a los del mercado por aceite y fideos, entre otros artículos. El propio presidente Alberto Fernández luego determinó que ninguna operación podría realizarse a valores superiores a los que su administración definió como precios máximos.

Sin embargo las compras a Milkaut y Vidalac, si bien muestran una notable disparidad, ya que la primera vendió a $ 365 el kilo y la segunda a $ 498, se encuadran dentro de los $ 505 de referencia que estableció la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por lo que no se trataría de sobreprecios.

“¡Esto es increíble! Quedamos involucrados como si fuéramos unos delincuentes cuando el negocio es todo en blanco. ¡Si pago el 55% sólo de impuestos!” declaró Benítez al matutino porteño. Y recordó que la última vez que le vendió al Estado tardó cinco meses en cobrar. “Las licitaciones quedan desiertas porque no pagan”, denunció. Tras lo cual lanzó una seria advertencia: “con este parate van a tener un blanco de 30 días sin leche para repartir. Y van a tener que juntarse con todas las empresas grandes del mercado porque desde ya te digo que no van a tener leche para repartir”.

FUENTE: Campolitoral

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