Miedo por la afectación a la seguridad jurídica por los ataques a la propiedad privada, temor a las consecuencias que puedan generar en las decisiones de los productores en torno de su negocio y un fuerte reclamo a que haya por parte del Gobierno no solo una condena explícita sino acciones contundentes contra los hechos de vandalismo.
Con 61 roturas de silobolsas registradas en lo que va del año en su mayor parte en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, el común denominador que atraviesa la opinión de dirigentes del agro, diputados y exfuncionarios ligados al campo es que la ola de ataques adquirió una dinámica peligrosa.
«Veo una inacción muy fuerte del gobierno nacional para condenar este delito. Tiene que haber una mensaje claro, contundente y una acción de la Justicia de que se va a llegar a algo», apuntó Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). El directivo cree que hay «algo», «una organización» que está detrás de los hechos ya que, en plena pandemia, se cometen eludiendo controles policiales en las rutas. Por ello, cree que se requieren acciones desde el Gobierno para «sacar del medio las suspicacias».
El vicepresidente de CRA sufrió hace un mes y medio la quema de parte de un lote con trigo en su campo de Oliva, Córdoba. En su opinión, los productores están con la sensibilidad a flor de piel y realizando.
«Les piden reacciones a las patrullas rurales donde están y hacen recorridas a la noche antes de ir a dormir para ver que todo esté en orden», dijo sobre los productores.
El mapa con los ataques a silobolsas
Para Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el actual contexto las autoridades «tienen que aclarar el panorama» y, además «llevar tranquilidad» y «rechazar estos atentados».
«No se escucha un mensaje (en contra de los delitos), no se ven reacciones, salvo nuestras voces», afirmó.
Entre otras acciones, para Pelegrina «hay que invertir en seguridad». Al respecto, recuerda el caso de las patrullas rurales en el interior, muchas de ellas sostenidas inclusive por los productores. El presidente de la Rural precisó que también se requiere la colaboración de los municipios en los lugares donde ocurren los ataques y que «se simplifique el sistema de denuncias».
«Hagan la denuncia, una denuncia que no se registra es un delito que no se registra», señaló el ruralista. Pidió al productor que esté «tranquilo» ante inclusive algunas noticias falsas que corren por algunos grupos de Whatsapp y que generan temor.
En esa línea, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), alertó sobre el riesgo de «una escalada» y de «un caldo de cultivo no deseado por ninguno» en medio de dificultades en la economía y con la pandemia de coronavirus de por medio.
Para Achetoni, los actos vandálicos generan «desaliento» y «una sensación de desprotección». Apuntó que su entidad siempre promovió el arraigo en los lugares de producción en vez de la migración a los centros urbanos y esta situación no ayuda a eso. Añadió que, en medio de la presión impositiva, «esto (por el vandalismo) llega en un momento donde el productor piensa si le conviene producir y para quien».
«Esto atenta no solo contra la propiedad privada sino que cada silobolsa tiene el 33% de retenciones del Estado», dijo. Achetoni, que participó el viernes último de una reunión con otras entidades de la cadena agroindustrial con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, precisó: «Queremos ver hechos concretos».
Para Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura de la Nación, tras la seguidilla de ataques los productores están con «bronca, impotencia y con miedo por la seguridad jurídica». Según el exfuncionario, el gobierno nacional «no está tomando ninguna acción para prevenir. Pasaron varias semanas, no vemos actitudes del Gobierno de castigar estos hechos».
Etchevehere señaló que falta «acciones concretas, presencia policial y una investigación para saber de dónde viene esto». Agregó: «Esto afecta sin duda la seguridad jurídica, el movimiento comercial. Por cada bolsa que rompen el Estado es responsable de no hacer nada». Etchevehere recordó que el plan «Cosecha Segura», implementado por el gobierno anterior, sirvió para afrontar estos hechos, entre otros que podían afectar al sector. «Durante muchos meses no hubo ningún hecho (de rotura); el delincuente veía que si causaba daño podía ser castigado», indicó sobre el plan en el gobierno anterior.
Frederic dijo a los representantes de la cadena agroindustrial que ese programa estaba activo. Etchevehere señaló: «No se nota que esté activo».
Para Ricardo Buryaile, diputado nacional y exministro de Agricultura de la Nación, «la producción no puede quedar ante excesos de la locura de alguien que salga a romper silobolsas». En este contexto, se interrogó sobre qué haría el Estado «si algún loco atentara contra Vaca Muerta». Para el legislador, ante algo así se deben «reforzar» todos los recursos y «despejar las dudas».
Buryaile se refirió a distintos videos que circulan contra los productores. «Al productor lo insultan, lo agravian, pero no veo ningún video insultando a un narcotraficante. Tienen más protección los narcotraficantes, por la cobertura de la mafia, que los productores sojeros», afirmó.
Luego objetó que el mismo Estado que es capaz de hacer un ciberpatrullaje sobre redes sociales no pueda saber quiénes cometen los actos vandálicos rompiendo silobolsas. «Miran para otro lado y con eso alimentan la mítica, el odio. Así como el Presidente se preocupa por los runners sería bueno que haga una declaración con esto que pasa», señaló.
Luciano Bugallo, diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, destacó que entre los productores hay «mucha preocupación, angustia e incertidumbre».
«Los productores se acuestan a dormir pensando en sí a la mañana siguiente se encontrarán con que también les tocó a ellos. La verdad es que es muy poco agradable que se metan en tu propiedad y destruyan el fruto de tu trabajo, tu sacrificio y esfuerzo, sobre todo cuando el 70% de eso se lo lleva el Estado entre retenciones e impuestos y con el 30% restante pagás alquileres, gastos de campaña, insumos, créditos y, si tenés algo de suerte que te quede un resto, lo usás para afrontar la próxima campaña o renovar tu maquinaria», expresó.
«Lo que más molesta y preocupa, es el silencio y la inacción del gobierno nacional, lo cual no hace más que reafirmar las sospechas que hoy sobrevuelan entre los productores, que no se tratan de hechos aislados, sino que hay claros intereses políticos e ideológicos por detrás», añadió.
En el congreso Maizar, que se hizo de manera virtual, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se refirió al tema: «Estamos preocupados y ocupados por los hechos de vandalismo que están sucediendo en el campo argentino; no queremos que esto termine destruyendo el esfuerzo de nuestros productores, coartando el acceso al alimento para nuestra población y que impida el ingreso de divisas a nuestra economía. Estamos haciendo una tarea organizada en contra del delito. Ahí nos van a encontrar siempre, a todos los argentinos unidos».
FUENTE: LA Nación/Fernando Bertello y Belkis Martínez