En duros términos, las entidades del campo hicieron saber su descontento por un proyecto que a todas luces consideran inconsulto y hasta ilegal.
En primer término, CARSFE emitió un comunicado en le que de arranque manifiesta que “desde larga data la ruralidad santafesina padece los problemas de falta de conectividad, ocasionada por una evidente incapacidad de los distintos estamentos del Estado para mantener en condiciones de transitabilidad el extenso entramado de nuestros caminos rurales”.
Paso seguido reitera el histórico reclamo que fue agravado por “los eventos de abundantes precipitaciones de los últimos años”, los que “pusieron de manifiesto la ineficiencia Estatal para resolver este problema, lo que ocasionó que muchas zonas rurales de nuestra provincia quedaran completamente aisladas. Esto implica chicos sin clases, emergencias médicas que se convierten en dramas, y productores que ven dilapidado todo su esfuerzo cuando por la carencia de caminos aptos pierden competitividad”.
Acto seguido, fundamentan que la red terciaria es responsabilidad de los Municipios y Comunas, y para su mantenimiento perciben la mayoría de ellas una tasa rural, y que la red secundaria es órbita provincial (a tales fines existe la Dirección Provincial de Vialidad) y la Provincia percibe impuestos a tales fines.
Los ruralistas critican que el proyecto propone un mecanismo de financiamiento “cuestionable” que prevé que el 50% de los gastos del programa sea financiado por los productores frentistas, el 40% con un Fondo especial que se crea, y el 10% a cargo de los municipios y comunas que quieran adherirse.
“La amplia brecha entre la dirigencia política y la sociedad ha quedado reflejada en este acto del Senado Provincial, donde en tiempo electoral han dado media sanción a un proyecto de ley, sin escuchar los destinatarios del mismo, que son ni más ni menos quienes vienen reclamando una solución al problema de los caminos rurales, y que a su vez se los sugiere como los mayores aportantes de los recursos para financiar el mismo, sin contemplar las erogaciones que ya vienen realizando con la misma finalidad”, agregan.
Y finalizan categóricamente adelantando que “desde CARSFE no se brindará consentimiento a ningún proyecto de este estilo hasta tanto no se aborde seriamente y responsablemente el tema de la tasa rural comunal, que algunos Municipios y Comunas aplican correctamente, pero otra gran mayoría incurre en excesos dada la discrecionalidad con al que se administra dicho rubro”.
En la misma sintonía
Paralelamente, la Federación Agraria Argentina hizo lo propio, al advertir su preocupación por la media sanción que dio el Senado de la provincia de Santa Fe a un proyecto que apuntaría a crear un nuevo impuesto al sector, para financiar un “Programa Provincial de Accesibilidad Permanente a Unidades Productivas ubicadas en Zonas Rurales”.
Los federados agregan que “en primera instancia, ya hacemos un aporte a las comunas para este fin. Por lo cual, el tributo que se propone carecería de sustento legal. Además, debemos dejar en claro que existen ámbitos formales con participación de las entidades, en los que este tema no fue debatido. Como institución, FAA es parte de la Mesa de Análisis Tributario Provincial y del Consejo Económico y Social”.
Y agregan que “en dichos ámbitos, jamás se habló de que hubiera una propuesta destinada a mejorar la infraestructura de caminos rurales.
Por ello, antes de que el proyecto sea tratado por la Cámara de Diputados santafesina, entendemos que los legisladores deberían convocar a las entidades agropecuarias para conocer la opinión de los productores. No obstante, habiendo nuevas autoridades electas a nivel Ejecutivo en la provincia y recambio en diciembre, no parece ser el momento adecuado para tomar decisiones en materia tributaria en Santa Fe”.
Finalmente adelantaron que la próxima semana se reunirán con sus pares en la Mesa de Enlace provincial. “Además de este tema, que preocupa, se tratará la prórroga de la excepción a Ingresos Brutos, que vence en diciembre y debería continuar, habida cuenta de la difícil situación que atraviesan los productores de menor escala”.
