La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe emitió un comunicado en sintonía con entidades pares nucleadas en CRA, en contra de naturalizar un gravamen que le pega duro al interior productivo.

«La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, en representación de los productores y sus familias agrupadas en más de treinta Sociedades Rurales y Asociaciones adheridas dentro del territorio provincial, quiere expresar su total rechazo ante versiones referidas a la continuidad de los derechos de exportación, que refiere a las retenciones a los productos agropecuarios.

«Resulta doloroso que con la rapidez que se piensa en recaudar más, no se tenga el mismo interés en asistir a la producción cuando enfrenta las inclemencias climáticas, sequías, inundaciones, etc., como las que hemos sufrido, produciendo verdaderos desastres en nuestros campos y en las economías del interior provincial.

«Se estima que en los primeros seis meses de este año, a partir de la producción de los complejos de soja, girasol, maíz, trigo y biodiésel, la provincia de Santa Fe tributó un monto superior a los 54.000 millones de pesos. Cifra que se transfirió a las arcas nacionales, y que empobreció a la economía cotidiana del interior provincial.

«Remarcamos que tanto nuestro sector (al igual que otros) se encuentra sumido en una profunda asfixia tributaria, tanto sea a nivel nacional, provincial y municipal o comunal, y nos parece insensato continuar con la idea de las nuevas autoridades de seguir aumentando impuestos. Esperamos que se trate sólo de trascendidos.

«Nuestro sector siempre va a apoyar -como lo hizo siempre- a las autoridades de turno, pero no toleraremos que se tome al campo como una caja de recaudación. Por lo tanto, pedimos que se aclare esta situación, ya que esta incertidumbre genera un mayor desaliento e incertidumbre, frenando las inversiones en un sector que anualmente es el que más invierte, genera y aporta riqueza para el país.

«Remarcamos nuestro rechazamos a la idea de estas medidas, totalmente alejada de la razón. Entendemos que se trata de algo simplemente recaudatorio y fiscalista, que vuelve a perjudicar especialmente a las economías regionales».

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