Desde la Sociedad Rural de Santa Fe celebramos con satisfacción el anuncio del Gobierno Nacional sobre la rebaja de retenciones al campo, realizado el pasado sábado en la Exposición Rural de Palermo.
Consideramos que esta decisión representa un paso fundamental hacia un esquema impositivo más justo, que incentive la producción, el trabajo y la inversión en el interior productivo de nuestro país.
Agradecemos especialmente al Gobernador de la Provincia de Santa Fe por su apoyo constante a esta medida, desde el inicio mismo de su gestión. Su acompañamiento a los reclamos del sector agropecuario ha sido claro y sostenido, entendiendo que una carga fiscal más equilibrada es beneficiosa tanto para el pueblo como para el gobierno de nuestra provincia, dada la importancia que el campo tiene en la economía.
Sin embargo, queremos expresar nuestro disenso respecto al Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), y particularmente en relación con los recientes comentarios que minimizan su impacto en el agro. La realidad es que el campo paga IIBB de manera indirecta en cada uno de los insumos productivos que adquiere para realizar inversiones de gran riesgo. A diferencia de otros sectores de la cadena de valor, el productor agropecuario no puede trasladar ese costo a los precios de venta, dado que no es formador de precios, como es de público conocimiento.
A ello se suma la modificación del tratamiento de IIBB en los arrendamientos agrícolas, que ha alterado una situación previamente exenta, al incorporar un cálculo sujeto a un tope anual que no resulta fácilmente verificable ni accesible para los contratistas rurales ni para los propietarios de campos. Esta incertidumbre ha derivado, en la práctica, en un aumento preventivo del costo de los arrendamientos, que termina afectando directamente a la producción.
Desde la Sociedad Rural de Santa Fe reiteramos nuestra plena disposición a dialogar con su equipo económico para evaluar en conjunto el impacto real de esta carga impositiva en el sector, y así hablar el mismo idioma en un contexto donde la transparencia y la equidad tributaria son fundamentales para el desarrollo de una economía federal y sostenible.
