La Sociedad Rural de Santa Fe emitió un comunicado referido al caso el senador Traferri, reclamando la implementación de la igualdad ante la ley.
«Todos los habitantes son iguales ante la ley», reza nuestra Constitución Nacional en su artículo 16 y nuestra Constitución Provincial lo replica en su artículo 8. Tal principio parecería que no rige en Santa Fe cuando el ciudadano sospechado de la comisión de un delito reviste la distinción de ser Senador Provincial».
Luego del cimbronazo político del caso Traferri, la entidad ruralista de la capital provincial no quiso mantenerse indiferente, y a través de un comunicado, expresó los argumentos institucionales que tiene la no resolución del mismo. La investigación en torno al juego clandestino en el territorio provincial derivó en fiscales procesados y en el Senador Traferri sospechado. «La investidura de las personas implicadas habla por sí sola de la gravedad de la situación», arranca la gacetilla.
Sin embargo, en el recinto de la Cámara de Senadores «sólo cuatro miembros votaron por el cese de la inmunidad legislativa del Senador Traferri, mientras que el resto del cuerpo legislativo protegió corporativamente al mismo impidiendo que su colega fuera investigado por la justicia sin retaceos», continúa.
Según la entidad, «la inmunidad legislativa como principio republicano bajo ningún aspecto es cuestionada por nuestra entidad, entendiendo que la misma no se otorga en interés o beneficio personal de los legisladores, sino como una forma de proteger a la institución parlamentaria como órgano deliberativo y representativo de la voluntad popular».
También proponen dejar para otros ámbitos analizar si la inmunidad legislativa del artículo 51 de nuestra Constitución Provincial está en armonía con la Carta Magna nacional, «pero ninguna duda cabe que el sentido del instituto es impedir que un poder avasalle la esfera de otro poder u órgano, y bajo ningún aspecto está pensado como herramienta de impunidad», detallan.
Por otro lado, cuestiona el rol de los senadores en general, cuando afirma que el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública contra los autores o partícipes. «Los Senadores por mayoría, oficialistas y opositores, han estipulado cubrir con una coraza a su componente expuesto, vedándoles a jueces y fiscales la posibilidad de investigar al sospechoso».
«Entendemos que el decoro y la honorabilidad no se resguardan bajo excusas de internas partidarias o carpetazos de un Ministro, argumentos que ahondan el deterioro de la imagen de nuestros representantes y salpican al propio Gobernador Perotti, sino que se defienden poniéndose a disposición de la justicia como cualquier ciudadano común, bajo la presunción de inocencia como premisa y las garantías del debido proceso como marco».
También aseguran que Santa Fe siempre se ha caracterizado por su sólida y respetuosa institucionalidad. La Legislatura Provincial es cabal reflejo de dicha cualidad, «aunque en sus 205 años de existencia ha tenido algunos sucesos bochornosos similares al actual».
En referencia al tema de «ficha limpia», opinan que los ciudadanos santafesinos «necesitamos que nuestros representantes no revistan sospechas de conductas delictuales, exigimos políticos decentes. En la vida no sólo hay que serlo, sino también parecerlo, y a veces hasta amerita demostrarlo ante un juez».
Finalmente, apelan a que si la dirigencia política no allana el camino para despejar las sospechas que recaen sobre un Senador, será tarea de las instituciones intermedias como la Sociedad Rural de Santa Fe, protagonistas y puntales de la institucionalidad mencionada, de señalarlos «y decirles que en esta Provincia no hay privilegiados, y recordarles que todos somos iguales ante la ley».
